El crecimiento del sector de creadores de contenido ha sido imparable en los últimos años, consolidándose como una de las formas más influyentes de comunicación digital. Este fenómeno ha impulsado la figura del influencer, una persona que, a través de redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok, logra impactar a miles o millones de seguidores. Sin embargo, debido a la creciente influencia de los creadores de contenido, se ha visto la necesidad de establecer un marco regulador que controle su actividad y proteja a los usuarios, especialmente a los más vulnerables. En este contexto surge la Ley de Influencers, también conocida como Ley de Creadores de Contenido.
La Ley de Influencers tiene como objetivo regular la actividad de los creadores de contenido que generan ingresos significativos en plataformas digitales. Este marco legal, recogido en el Real Decreto 444/2024, establece reglas claras para garantizar que los creadores de contenido sean tratados como cualquier otro prestador de servicios de comunicación audiovisual.
Esta legislación surge a raíz de la creciente importancia de los influencers en el ecosistema digital, particularmente por su capacidad de influir en menores de edad. Tal como sucede en medios tradicionales, como la televisión y la radio, el gobierno ha considerado fundamental garantizar que el contenido publicado por los influencers cumpla con normas de protección, transparencia y responsabilidad.
Esta ley no afecta a todos los creadores de contenido, sino únicamente a aquellos que superen ciertos umbrales en cuanto a ingresos y audiencia. Para que un influencer quede sujeto a esta normativa, debe cumplir con dos condiciones específicas:
Ingresos brutos anuales
Un creador de contenido se considerará sujeto a la ley si sus ingresos brutos anuales derivados de la actividad en plataformas como YouTube, Instagram o TikTok superan los 300.000 euros. Estos ingresos incluyen remuneraciones monetarias, productos o cualquier otro tipo de pago relacionado con su actividad.
Audiencia
Además de los ingresos, se requerirá que los influencers tengan al menos 1.000.000 de seguidores en una plataforma o 2.000.000 en varias, y que hayan publicado un mínimo de 24 videos en el año anterior a la evaluación.
Los influencers que cumplan con los requisitos deben inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual, dentro de un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. El incumplimiento conllevará sanciones económicas considerables.
Entre las principales obligaciones de los influencers destacan:
Protección de menores
Evitar la difusión de contenido perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Seguridad del público general
Adoptar medidas que garanticen la seguridad de todos los usuarios.
Publicidad responsable
No se permite la promoción de productos que promuevan el rechazo social, ni la publicidad de tabaco, alcohol o juegos de azar fuera del horario permitido.
Transparencia
La ley exige que los influencers sean claros con respecto a sus ingresos y relaciones comerciales, prohibiendo la publicidad subliminal o encubierta.
Las sanciones pueden ser severas, con multas que oscilan entre los 10.000 y 1,5 millones de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Entre las principales sanciones figuran:
No inscripción en el registro
Si el influencer no se registra en el plazo establecido, enfrentará sanciones económicas.
Difusión de contenido perjudicial
La publicación de contenido que vulnere la ley conllevará multas y la posible suspensión de la actividad.
Falta de transparencia
El ocultamiento de información sobre ingresos o colaboraciones con marcas también resultará en sanciones económicas.
La Ley de Influencers busca regular un sector que ha crecido exponencialmente, asegurando que los creadores de contenido operen bajo estándares de transparencia, responsabilidad y protección del público. Los influencers deberán cumplir con requisitos claros para evitar sanciones y garantizar una actividad que respete los derechos de los usuarios.
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